A tres años de concluir el actual período presidencial, la República Dominicana se encuentra ante un momento clave para evaluar el rumbo del gobierno y fortalecer su institucionalidad. Los hechos recientes vinculados al Seguro Nacional de Salud (Senasa) han abierto un debate necesario sobre ética pública, responsabilidad política y la protección de los derechos fundamentales.Senasa no es una institución cualquiera. Más de siete millones de dominicanos dependen de ella para ejercer el derecho a la salud, un derecho esencial consagrado en nuestra Constitución. Por ello, cualquier señal de irregularidad en su manejo no puede verse como un simple episodio administrativo, sino como una advertencia que exige respuestas firmes y oportunas del Estado.Es comprensible que este caso haya tenido una dimensión política compleja, al involucrar a una figura cercana al proyecto de gobierno. Sin embargo, es justo reconocer que el presidente Luis Abinader actuó con responsabilidad institucional al no obstaculizar las investigaciones y permitir que los órganos competentes actúen conforme a la ley. Esa decisión envía un mensaje claro al país: la lucha contra la corrupción no admite excepciones ni complicidades.No obstante, este episodio debe servir también para una reflexión más profunda sobre la forma en que se ejerce el poder. La concentración de funciones partidarias y responsabilidades gubernamentales en una misma cúpula política, aunque legal, limita en la práctica la supervisión efectiva, el control interno y la capacidad de evaluación permanente del tren gubernamental. El Estado requiere dedicación plena, vigilancia constante y una ética pública que no tolere distracciones ni conflictos de interés.Redimensionar y reenfocar la gestión pública no implica debilidad política, sino madurez democrática. Significa corregir a tiempo, fortalecer los controles institucionales, revisar los criterios de designación y priorizar la integridad por encima de cualquier lealtad partidaria. Gobernar es, ante todo, asumir la responsabilidad de proteger el interés general.La salud pública, por su naturaleza, exige los más altos estándares de transparencia y eficiencia. Cuando se compromete la confianza en una institución que garantiza ese derecho, se afecta directamente la dignidad de millones de ciudadanos. De ahí la importancia de actuar con coherencia, firmeza y visión de Estado.Aún hay tiempo para consolidar un legado basado en la institucionalidad, la ética y la confianza ciudadana. Corregir no es retroceder; corregir es gobernar con sentido histórico y responsabilidad democrática.
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Fuente: Diario Libre
