En tiempos donde la política tiende a cerrarse sobre sí misma y el poder busca blindarse de la crítica, la discrepancia pública dentro de la propia familia presidencial frente al nuevo Código Penal tiene un valor excepcional. Que la primera dama Raquel Arbaje y las tres hijas del presidente firmen una carta abierta —junto a más de mil ciudadanas y ciudadanos— en la que expresan su rechazo a la versión aprobada en el Congreso no puede leerse como un gesto doméstico, sino como un acto de profundo significado democrático.No se trata de un pulso íntimo ni de una diferencia menor, sino de una afirmación ética y cívica: en el hogar presidencial también se ejerce el derecho al disenso. Y ese hecho por sí solo envía un mensaje saludable al país: quienes gobiernan no se sienten dueños de la verdad ni enemigos de la crítica. La libertad de expresión, como toda virtud democrática, comienza en casa.La familia presidencial, profundamente católica, no renuncia a sus convicciones al apoyar las tres causales del aborto. Al contrario: reafirma la compasión, la justicia y el respeto a la dignidad humana como principios esenciales de su fe. En eso hay coherencia y valentía admirables.Personalmente apruebo la preocupación expresada en la carta. El Código Penal sancionado ignora reclamos fundamentales: penaliza de forma absoluta el aborto, debilita la lucha contra la violencia de género, y omite garantías mínimas en delitos sexuales. Reformar no puede ser sinónimo de retroceder.Escuchar esas voces —incluso cuando vienen de cerca— honra la democracia. Gobernar también implica corregir, asumir el error y enmendar el rumbo. En eso se mide, en última instancia, la estatura moral de un liderazgo.
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Fuente: Diario Libre
