El silencio institucional no es prudencia: es parálisis. En una República que aspira al desarrollo sostenible, la inacción del Estado ante procesos técnicos y legales no protege, sino que debilita la confianza, frena la inversión y posterga el futuro. Cuando la Administración Pública no responde, no solo incumple plazos; también detiene inversiones, empleos y divisas. Y ese costo no se mide en discursos, sino en oportunidades perdidas. En 2025, el sector minero dominicano ha demostrado lo que puede lograr cuando las decisiones se toman a tiempo: Creció un 5% en los primeros siete meses del año, después de una caída de -12.5% en 2024; Las exportaciones aumentaron 45.7%, alcanzando US$1,568 millones hasta agosto; Las recaudaciones fiscales subieron 116% en el primer semestre; Y la inversión extranjera directa minera fue de US$175 millones, 390% más que el año anterior. Son números que hablan de una industria viva, moderna y capaz de multiplicar sus aportes si el Estado acompaña con decisión, en lugar de silencio. El Estado de Derecho no está para agradar, sino para equilibrarLas decisiones tomadas conforme a derecho suelen enfrentar resistencia, porque el Estado de Derecho pone límites donde antes había impulsos y exige evidencia donde antes bastaban percepciones. Pero esa es su mayor virtud: equilibrar lo justo, no complacer lo conveniente. Como bien dice mi hermano, el abogado penalista Miguel Valerio: “Hay decisiones que me favorecen más, hay decisiones que me favorecen menos, pero todas deben basarse en el respeto a la ley.” Esa frase resume la madurez que necesita nuestra democracia: aceptar que la legalidad no siempre coincide con la conveniencia, pero siempre garantiza justicia.
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Fuente: Diario Libre
