La Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, aprobada durante el gobierno del presidente Leonel Fernández, definía o establecía metas hasta el año 2030 y contemplaba la ejecución de importantes pactos para lograr el avance del país y la sostenibilidad financiera. Los pactos Educativo, Eléctrico y Fiscal eran piezas fundamentales en la legislación que buscaba garantizar el crecimiento económico, político y social que, por años, ha mantenido la República Dominicana.El primero en lograrse fue el Pacto Educativo, en el 2013, con Danilo Medina como gobernante, y tras largas jornadas de lucha encabezadas por diversos sectores sociales que reclamaban el cuatro por ciento del producto interno bruto (PIB) para la educación. Es cierto que, gracias a dicha asignación presupuestaria, hemos logrado mejoras en infraestructura escolar, establecido el desayuno, comida y merienda en las escuelas, se incrementó el salario de los maestros, pero es más que evidente que nos hemos quemado en calidad educativa. Ocho años después de rubricado dicho convenio, se logró la firma del Pacto Eléctrico, en el 2021, bajo el gobierno del presidente Luis Abinader, quien se había negado a rubricarlo alegando algunas cosas que no traerían nada positivo al sector. Ese acuerdo parece no haber logrado lo prometido: reducción del déficit eléctrico y de las pérdidas, mejoras en la distribución y la erradicación de los apagones, cosas que aún persisten cuatro años después de lo convenido. El más importante de los pactos es el Fiscal y los gobiernos y los diversos sectores parecen darle de lado a una discusión que, tarde o temprano, tendrá que producirse para cambiar el rumbo y sanear las finanzas públicas. Desde el 2020 a la fecha, el gobierno del presidente Abinader ha tratado de introducir cambios en el área impositiva, siendo el proyecto de reforma fiscal del 2024 uno de los elementos generadores de protestas por parte de la clase media, obligando al retiro de la pieza. El déficit fiscal, altos niveles de la deuda, las exenciones impositivas y el monto elevado de intereses que tiene que pagar el país son más que evidencias fehacientes de que estamos obligados a sentarnos a hablar de una discusión muy amarga que hemos postergado por la irresponsabilidad de múltiples actores. El Pacto Fiscal debe ser una discusión sincera, donde el que más tiene más pague y el privilegio sea para la mayoría, no para minorías que, por años, se han aprovechado de las finanzas con exenciones que lo único que dan son empleos con salarios de miseria, que no alcanzan para cubrir la canasta básica. La estabilidad económica, social y política que hemos mantenido debe ser el motor de un acuerdo fiscal mirando hacia el futuro y sin pensar en el trago amargo del momento para el partido que gobierna. La República Dominicana es referente de trabajo, progreso y de inversión, pero es momento de ver a largo plazo el país que queremos y hacia dónde deseamos ir, pues quien escribe sólo quiere fortaleza institucional y que impere la ley.
Esta noticia continúa desarrollándose. Para más detalles y actualizaciones, los lectores pueden consultar la fuente original.
Contexto adicional: Esta información forma parte de la cobertura continua de los acontecimientos más relevantes que impactan a la República Dominicana y el mundo.
Fuente: Diario Libre
